Contamos con una amplia experiencia en la atención de casos en los diferentes ámbito del quehacer penal: prestamos asesoría preventiva, absolvemos consultas, elaboramos informes y dictámenes altamente especializados, opiniones jurídico - penales y procesales a todo nivel; diseñamos y dictamos cursos sobre los temas actuales y de importancia sobre el Derecho Penal y Proceso Penal, asesoramos a entidades públicas en la formulación de propuestas legales, y patrocinamos casos ante la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, órganos de control interno de las entidades públicas, Tribunales arbitrales, y ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestros servicios especializados se concentran en atender los conflictos que se derivan de la actividad empresarial y funcionarial de las personas naturales y jurídicas. La experiencia adquirida durante el desarrollo de nuestra actividad profesional nos permite sostener que la actividad empresarial y funcionarial se encuentran amenazados de riesgos penales. Los representantes legales u órganos de decisión, así como la propia empresa, están expuestos a ser pasibles de investigaciones, procesos y/o sanciones penales, por actos que pueden originarse del desarrollo de sus actividades en el mercado, de sus relaciones con las entidades públicas, con sus trabajadores y con el medio ambiente, entre otras actividades.

Estos conflictos que actualmente se discuten en nuestros tribunales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas que dirigen una empresa, así como los derechos de la propia organización empresarial. De acuerdo a las nuevas normas y a la nueva doctrina legal que viene estableciendo la jurisprudencia nacional y extranjera, las empresas pueden ser objeto de sanciones penales mediante la imposición de las consecuencias accesorias previstas en nuestro código penal, desde el inicio de la investigación preparatoria.

Lo señalado, impone de parte del abogado una nueva forma de abordar los casos penales, que se debe caracterizar por una actitud proactiva, creativa y a veces educativa, pues muchos casos se inician y mantienen en el sistema penal por desconocimiento de los temas en discusión.

Esta nueva actitud es una obligación para el abogado, debido a la puesta en vigencia en nuestro país del nuevo modelo procesal y, desde el 15 de enero del presente año en Lima, en donde se viene aplicando para los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Ofrecemos servicios de asesoramiento en la revisión, negociación y elaboración de toda clase de actos jurídicos, y contratos civiles y comerciales, tales como contratos de compra-venta, arrendamiento, suministro, mutuo, testamentos, donaciones, anticipos de legítima, constitución de patrimonio familiar, contratos de riesgo compartido (Joint Venture), consorcios, franquicias, entre otras figuras legales.

Nuestra experiencia nos permite asesorarlos también en derecho societario, acompañándolos en la toma de decisiones empresariales vitales para su empresa o institución.

Les brindamos servicios de defensa de derechos constitucionales: libertad de empresa, derecho a la propiedad, tratamiento igualitario de la inversión, libre asociación y otras libertades relacionadas con el quehacer empresarial y ciudadano. Así, orientamos nuestra defensa legal hacia la protección de la leal competencia en el mercado, la defensa de la propiedad intelectual y la defensa del consumidor.

En sede arbitral, los abogados de nuestro Estudio pertenecen a las nóminas de árbitros de los centros de arbitraje más prestigiosos del país y tienen amplia experiencia en la asesoría y patrocinio de procesos arbitrales en las controversias surgidas entre personas naturales, jurídicas y/o entidades u organismos estatales, en especial, lo referido a las controversias surgidas de la contratación con el Estado; así como también en temas referidos al Derecho Corporativo y al Derecho Civil Patrimonial.